Ciudad de México.- Con un solo voto en contra y una abstención, el Senado aprobó con 110 votos a favor la Ley General de Transparencia que obligará a los tres niveles de gobierno, sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos, partidos y otros entes a transparentar la información que manejen y rendir cuentas de los recursos que operen, a partir de la publicación del decreto.

En tribuna el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, resaltó las coincidencias que generó esta ley discutida durante más de dos años y que cuenta con el respaldo de organizaciones ciudadanas y expertos, que la consideran “más que satisfactoria”.

Explicó que contempla como sujetos obligados a los organismos autónomos, a los partidos políticos, a los fideicomisos, a los fondos públicos, a cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos.

Es decir, subrayó, a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo constitucional autónomo, incluyendo sin duda al Poder, Legislativo y Judicial.

Expuso que los organismos garantes desarrollarán, administrarán e implementarán una Plataforma Nacional de Transparencia, que permita cumplir con los procedimientos, con las obligaciones, con las disposiciones de ley, atendiendo la accesibilidad de los usuarios.

“La Plataforma Nacional de Transparencia tendrá como mínimo cuatro sistemas: el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, un Sistema de Gestión de Impugnación, un Sistema de Portales para la Transparencia y Acceso a la Información y los Sistemas de Comunicación que habrán que tener entre los órganos garantes y los sujetos obligados”.

A su vez, Alejandro Encinas detalló que la ley establece con toda precisión los principios, las bases generales y procedimientos que permitan garantizar el ejercicio de este derecho.

Así como las obligaciones a que toda autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial o cualquier ente público-privado, persona física o moral que administre o reciba recursos públicos, hoy se convierte en sujeto obligado de lo cual debe rendir cuentas, no sólo del manejo de recursos públicos, sino de los actos de autoridad que en el ejercicio de sus facultades ejerza.

Por ejemplo, en el caso del gobierno deberá informar del manejo de los recursos y la instrumentación de las políticas y programas públicos, contratos y convenios celebrados por las dependencias públicas, sus estructuras orgánicas, el directorio del personal, su tabulador de salarios, el monto de las prestaciones y otros beneficios económicos que puedan tener, así como los mecanismos de licitación o adjudicación directa en todos los temas de adquisiciones u obras públicas.

En el caso de partidos políticos, se establecen mayores responsabilidades que incluirán padrón de afiliados y militantes, cuotas, ingresos públicos y privados que perciban, sus contratos y convenios, tabulador salarial, las aportaciones a las precampañas y campañas, o incluso conocer con detalle los procesos de selección y registro de sus candidatas y sus candidatos.

“Ahora sí vamos a poder saber cómo fue posible que se registrara el señor Abarca como candidato y posteriormente presidente municipal en Iguala; como también ha sucedido con muchas otras autoridades postuladas por los partidos, que hoy están vinculados con la delincuencia organizada”, resaltó.

En materia sindical no solo se conocerá el manejo de los recursos públicos que administren o reciban los sindicatos en dinero o en especie, ya sea por transferencias económicas, pago de prestaciones o hasta la donación de terrenos para la construcción de viviendas o de cualquier bien inmueble, sino también las que derivan de la reforma laboral para tener transparencia en los datos vinculados con el registro, la toma de nota, los estatutos, el padrón de afiliados, los contratos colectivos de trabajo, las actas de la asamblea que permita conocer los mecanismos de decisión de las distintas contrataciones, con lo cual habrá certeza, no solamente de la existencia real de sindicatos y de sus trabajadores afiliados sino de cómo en este país se otorga la toma de nota.

La priista Cristina Díaz subrayó que esta ley permitirá terminar con excesos e irregularidades que tanto han dañado a la administración pública federal, estatal y municipal y sobre todo a los mexicanos.

“La Ley General que hoy discutimos establece las bases, principios generales y procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso a la información, reconocido en la Constitución”, indicó.

La panista Laura Rojas sostuvo que se trata de una ley modelo para otros países, porque inclusive la de la Organización de Estados Americanos dispone de 20 obligaciones y la mexicana tendrá 50.

“Vivimos es un momento muy delicado que nos urge a recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, pero ello no se logra desde el discurso político o las promesas de campaña, sino desde la ética, la coherencia pública, la transparencia y la rendición de cuentas”, indicó la coordinadora de estas negociaciones por parte de Acción Nacional.