Oaxaca, Oax.- Tan sólo en una década, entre 2004 y 2013, los municipios del régimen de sistemas normativos internos atendidos por el órgano electoral por presentar controversias internas crecieron casi un 300 % (de 38 en 2004 a 144 en 201).

De una veintena de quejas presentadas en el proceso 2010 por violaciones a la normatividad electoral, por actos anticipados de precampaña y de campaña, se disparó a 362 en el 2013. En 2013, como en ninguna elección anterior, las calles de distintas ciudades se vieron inundadas de propaganda electoral disfrazada: supuestas asociaciones civiles y fundaciones surgieron de la nada para promocionar actividades y, siempre, el dirigente de la misma aparecía repartiendo beneficios, prometiendo obras y acciones; costosas revistas aparecieron incluso con número únicos para promocionar en sus portadas entrevistas con un político aspirante a cargos; tamalizas, calendas, “informes de actividades” de legisladores, se dieron como nunca.

En el órgano electoral se tuvo que crear una Unidad de Quejas, ex profeso para procesarlas. Y los resultados giraron alrededor de lo mismo: la legislación electoral tiene –fríamente calculado por quienes elaboran las leyes—las lagunas necesarias, para evitar que quienes la violenten sean castigados.

Los partidos políticos recibirán en Oaxaca 125 millones 540 mil pesos por concepto de prerrogativas. Un incremento sustancial, representa el 367% de las prerrogativas que les correspondieron en 2014 (34 millones 708 mil pesos) y el 138 % de lo recibido por los partidos en 2013 (90 millones 533 mil 774); con la salvedad de que en ese año hubo proceso electoral para diputados locales y presidentes municipales. Y si se proyectan a 2016, los partidos políticos en Oaxaca estarán recibiendo para ese año cerca de 200 millones de pesos. Lo anterior implicaría un aumento en las tareas de fiscalización de estos recursos por parte de la autoridad electoral.

La actividad de los tribunales electorales también aumentó sustancialmente. En 2013 atendieron 441 medios de impugnación del régimen de partidos políticos. Y en el de Sistemas Normativos la cifra pasó de 57 municipios atendidos en 2010 a 158 en 2013.

Incluso cuestiones internas de los partidos tuvieron que ser definidas en los tribunales. Es el caso, por ejemplo, de los ahora diputados del PAN, Alejandro Martínez (quien una impugnación interna buscaba invalidar su registro); Alejandra García Morlán (quien como candidata plurinominal en el número tres de la lista buscó la protección de la justicia federal para alcanzar tal posición con base en la alternancia de género, sacando de la jugada a Perfecto Rubio quien ocupaba la posición número 2). El ahora regidor Heliodoro Caballero, también logró su inclusión en la planilla de la coalición Unidos por el Desarrollo, con base en una resolución de los tribunales. La sindicatura de Tlacolula hubo de ser definida en los tribunales ante la negativa de la planilla ganadora de respetar la posición de género.

Y precisamente, en materia de género, en 2013 se rechazó el registro de 157 planillas por no cumplir con el mandato de procurar una integración del 60-40% con candidatos de un mismo sexo y en fórmulas completas. De este total correspondieron: 136 a Unidos por el Desarrollo (PAN-PRD-PT); 4 a Compromiso por Oaxaca (PRI-PVEM); 12 al PUP; 2 al PSDO; 2 a MC; 1 al PANAL. ¿Cómo le harán los partidos ahora que se ha establecido el criterio de la paridad de género tanto vertical cómo horizontal?

Por vez primera se dio en 2013 el voto por voto, casillas por casilla, por mandato de ley, en aquellos distritos o municipios en que el resultado fuese igual o menor al uno por ciento. En las elecciones a diputados esta situación se presentó en cinco distritos, algo inusitado en la historia de los comicios: Juxtlahuaca, Pinotepa Nacional, Teotitlán de Flores Magón, Miahuatlán y Tuxtepec.

En 2014 se dio una reforma constitucional federal que centralizó los procesos electorales y anuló a los órganos estatales autónomos. En mucho, tanto los procesos locales como federales, estarán en manos del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, es claro que hay una serie de temáticas que pueden y deben ser tratadas en instancias estatales. Esa es la oportunidad del Congreso local al momento de armonizar la legislación estatal con la federal. Repetir sólo lo establecido en la legislación federal, anularía de facto (y todo indica es la intención) a las soberanías estatales. La complejidad del momento va mucho más allá del periodo de dos o cinco años para el gobernador que se elija en 2016.

Innovar y apuntalar reglas claras, que contemplen la diversidad cultural y la pluralidad política, o sucumbir a los afanes centralistas que las anulan. Ese es el reto. Pronto sabremos cómo respondieron los legisladores al mismo.

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