Oaxaca, Oax.- Usted póngale el adjetivo que quiera por lo ocurrido ante la renuncia hecha a través de su Facebook de la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woorlich Fernández, precisamente cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, daba a conocer la promulgación de la Ley de Transparencia Gubernamental.

Tal vez este sea un ejercicio que solo busca recuperar la popularidad presidencial, no tanto ir a fondo en el combate a la corrupción, más aún en estos momentos cuando la figura del Presidente de la República ha caído por los suelos.

Sin embargo, en Oaxaca, la actitud de congruencia de la señora Perla Woorlich deja mucho que desear. A su poso durante 5 años por esta dependencia, la simulación fue el principal factor.

No se ha actuado en Oaxaca a pesar de las voces de la sociedad y de colegios de profesionistas, quienes a cada momento solicitan proceder en contra de los ex funcionarios y funcionarios de la actual administración estatal, sobre todo del titular de la Secretaría de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra, pero también del propio secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos y del ex secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, entre otros.

Uno de los casos que más sorprendió por la insistencia tanto de la sociedad como de diversas organizaciones campesinas, fue la salida de Salomón Jara Cruz, ex titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura.

Son múltiples las denuncias que existen en contra de estos y otros ex funcionarios de la actual administración estatal, sin embargo, el interés es nulo por parte de las autoridades.

La situación empeora, más aún cuando en Oaxaca no vemos un criterio de transparencia, mucho menos el interés de atender los reclamos sociales.

Las cosas están mal, y se pondrán peor, no solo en la Secretaría de la Transparencia Gubernamental, sino también hay que sumar a la Auditoría Superior del Estado que encabeza Carlos Altamirano Toledo, quien ha tenido un deficiente papel al frente de este organismo.

La simulación y la inoperancia hacen que se extiendan las redes de la corrupción. Es precisamente en esta administración, que tanto criticó el saqueo indiscriminado de los ex funcionarios ulisistas, donde se recrea con más frecuencia esta práctica, aprovechando que no existe una ley para proceder en contra de los funcionarios.

Hay que recordar que los representantes populares de la LXI Legislatura tiraron por la borda esta Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, con lo cual se da impunidad a los servidores públicos de la actual administración.

No hay una ley que pueda castigar a los funcionarios, por lo cual sigue aumentado los niveles de corrupción en Oaxaca.

Pero el problema en Oaxaca no es de leyes, es de aplicación de la justicia, pero también de una transparencia que desde hace bastante tiempo demanda la sociedad, sin embargo, los niveles de corrupción siguen floreciendo.

El pueblo de México y por supuesto el de Oaxaca, no quiere más leyes, lo que quiere es la aplicación estricta de las que ya se tienen para combatir la corrupción que permea las esferas del gobierno.