Oaxaca, Oax.- "El conejo blanco se puso las gafas. –¿Por dónde debo empezar, con la venia de su majestad? –preguntó; –Empieza por el principio –dijo el rey con gravedad— y sigue hasta llegar al final, allí te paras". (Alicia en el País de las Maravillas).

Este razonamiento de sentido común, empezar por el principio, no guía las acciones gubernamentales. Hay múltiples ejemplos de ello. Uno de tantos es el anuncio del gobierno del estado de realizar una “consulta ciudadana” para definir la construcción (o no) del polémico Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) en el Cerro del Fortín, en la capital estatal.

Que hay un rechazo ciudadano ha sido evidente. ¿Es un “grupúsculo” como la califica la administración estatal o es una sociedad movilizada? Meses tuvieron para resolver esta controversia. De hecho la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STDE) señalaba haber realizado una serie de consultas con organizaciones de la sociedad civil; con la salvedad de que fueron a puerta cerrada, que no se conocieron ni lo ahí tratado, ni sus resultados; y que se ha negado sistemáticamente transparentar el proyecto.

Diez años antes, un ejercicio similar se había presentado en torno a la remodelación del zócalo capitalino. La presión ejercida por sectores de la sociedad obligó a una reunión en la casa de la ciudad con uno de los más altos funcionarios del gobierno ulisista: “¿quieren una decisión de gobierno?, la obra se va a hacer”, fue la respuesta del entonces bisoño secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas. No se aceptaron cuestionamientos, no se reconocieron los errores evidentes del proyecto y menos se transparentó la información.

Una década más tarde, ante la solicitud de organismos de la sociedad civil de analizar y discutir el proyecto del Centro de Convenciones, es un funcionario menor el encargado de comunicar: "No hay objeto de debate... lo que está en debate se ha comprobado con documentos".

Y sin embargo, tras haberse encargado del trámite y realización del proyecto, gestionar y autorizar el pago de recursos, cabildear a favor de la realización de esa obra, el titular de la STDE, admite tener “conflicto de intereses”, en tanto casualmente es el principal accionista del Hotel Victoria, en cuya área aledaña se planea la construcción del Centro de Convenciones.

Pero, “no hay objeto de debate”, dice el vocero gubernamental. Y remarca: “lo que está en debate se ha comprobado con documentos". Se refería acaso a documentos como el dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que señala los problemas de tráfico vehicular y la inviabilidad de los accesos propuestos para el CCCO.

Como en la década pasada, la cíclica historia se repite. En el sexenio ulisista la impronta autoritaria se mostraba en sus inicios. Ahora, el desorden gubernamental permanece hasta el final. Y la tentación represiva está muy cerca, tanto como la aparición de un grupo de choque, supuestamente de la Confederación de Trabajadores de México, cuyo gremio es el encargado de la construcción de la obra y que se muestran dispuestos a “defender su empleo” para lo cual no dudan en agredir a manifestantes que simbólicamente se dirigen a clausurar la obra. Del hecho las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez y del gobierno estatal, evaden cualquier declaración, ni que decir del castigo a tales atropellos.

En este enredo construido en un par de años, ante las yerros que cometen los funcionarios encargados del tema, prenden un par de ocurrencias gestadas en el cabildo municipal: a) que la obra se someta a una “consulta pública”, hecho que asume como su tablita de salvación el gobierno del estado; b) el Ayuntamiento de Oaxaca instala una comisión especial “que se encargará de la revisión de la o las licencias existentes dentro del expediente técnico y legal de la construcción”.

Empezar por el principio. ¿No eran ambas medidas con las cuales debió iniciar el proceso y no realizarse casi al final del mismo? ¿No era acaso la petición de la sociedad civil, la misma con la que no se quiere debatir?

Y, con la pena, la consulta pública, es inviable jurídica y técnicamente ante los requisitos que la Ley de Participación Ciudadana exige para ello. Realizarla en un inicio podría haber salvado dichos formalismos ante el ejercicio de un gobierno transparente que pide la opinión de sus gobernados. Ahora es un artilugio que intenta salvar un derruido prestigio. La Comisión Especial del Ayuntamiento capitalino, necesaria y plausible… si se hubiese instalado hace un año, ahora sólo podrá corroborar que el Ayuntamiento que representan no hizo el trabajo que les correspondía o validar que aún lo mal hecho está bien.

Por lo pronto el actuar gubernamental está en entredicho; el escándalo ha cobrado relevancia nacional e internacional; la falta de transparencia y rendición de cuentas vuelve a poner en un brete a los gobiernos estatal y municipal. Y el discurso maniqueo de la participación ciudadana se niega y reprime en los hechos, se vanagloria discursivamente y se anuncia un ejercicio cuya posibilidad han cancelado desde un inicio.

Es la ruta inversa a la que debe seguirse “–Empieza por el principio –dijo el rey con gravedad— y sigue hasta llegar al final, allí te paras”.

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