Oaxaca, Oax.- En Sesión Ordinaria y con 38 votos, el Pleno de la LXII Legislatura estatal aprobó la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, propuesta por el diputado del grupo parlamentario del PRI, Carlos Ramos Aragón.

Desde la tribuna, el también presidente de la Comisión Permanente de Protección Ciudadana, Carlos Ramos Aragón, afirmó que esta nueva legislación, analizada y dictaminada conjuntamente con la Comisión de Administración de Justicia, pone a Oaxaca a la vanguardia, al incorporarse a la Gestión Integral de Riesgos.

Esta nueva ley, que abroga la Ley de Protección Civil para el Estado de Oaxaca, aprobada en el 2009, será obligatoria para todos los sistemas estatales y municipales de Protección Civil, así como para las organizaciones, dependencias e instituciones del sector privado, social y para la sociedad en general.

Ramos Aragón detalló que esta Ley consta de 7 títulos y 130 artículos. Su propósito es la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastre en una sociedad, en consonancia con el logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles.

Explicó que de ahora en adelante, las autoridades en la materia se ajustarán a los lineamientos establecidos en esta ley, destacando como prioridad la protección a la vida, la salud y la integridad física de las personas; la inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o desastre.

Destacan también el establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la prevención en la población en general, así como la legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos.

De igual forma, dijo que se fortalece la integración y funcionamiento del Consejo Estatal, involucrando la participación concertada de los sectores público, privado y social. Se cambia de nombre el Instituto Estatal de Protección Civil, para ser Coordinación Estatal de Protección Civil, dejando de ser un organismo público descentralizado para transformarse en una dependencia pública centralizada.

Se establece la obligatoriedad tanto para el Estado como para los municipios, de contar con un Atlas estatal o municipal de Protección Civil, herramienta de consulta técnica obligatoria que permitan evitar o reducir la construcción social del riesgo en los procesos de planeación y desarrollo urbano. Se crea también el Fondo Estatal de Prevención de Riesgos y Protección Civil.