Por ello resulta inexplicable entonces que individuos dedicados al manejo de recursos públicos logren malversar o desviarlos, particularmente los destinados a la atención de los sectores más necesitados y vulnerables, mostrando además una indolencia e irreflexión sobre las consecuencias de sus actos criminales.

Robar recursos destinados a la educación o a la salud de la población más jodida de México, como es el caso del presupuesto federal consignado para estados tan atrasados como Oaxaca, Guerrero o Chiapas es un crimen de lesa humanidad, detestable imperdonable y altamente condenable.

En Oaxaca se ha convertido desde hace varios sexenios, en parte de la normalidad democrática, que el grupo que obtiene el triunfo en las elecciones se despache con la cuchara grande de la corrupción y dispongan arbitrariamente y sin consecuencias del erario público.

Además del latrocinio cometido desde el poder, los grupos gobernantes no dudan en cometer cualquier tipo de felonías con tal de imponerse sobre sus adversarios, pues la obtención del botín que representa el Gobierno del Estado, además de la certeza de impunidad que brinda el sistema, justifica todo.