Oaxaca, Oax.- El problema del transporte urbano llegó a la LXII Legislatura de Oaxaca. Se ha solicitado la derogación de los artículos 116 y 117 de la Ley de Trasporte que entró en vigor a partir del mes de marzo, donde se señala que dos veces por año los concesionarios del transporte urbano tienen la factibilidad de revisar un ajuste a la tarifa.

Esta derogación obedece a las triquiñuelas de los integrantes de la LXI Legislatura, quienes un día antes de dejar el cargo aprobaron esta iniciativa, con el propósito de dejar entrampada a la sociedad.

De ahí el interés de derogar estos artículos que lesionan la economía del pueblo de Oaxaca.

Por lo pronto, ya hay voces al interior del Congreso que se han sumado a la derogación para terminar con los cacicazgos y buscar la liberación del transporte que sería una buena oportunidad para la sociedad y más para aquellos concesionarios que afirman que el servicio del transporte en la ciudad de Oaxaca ya dejó de ser negocio.

Y si ya dejó de ser negocio, afirman los diputados, que los empresarios permitan que otros empresarios inviertan.

Algo que se destacó fue lo señalado por el diputado del Partido Social Demócrata, Manuel Pérez Morales, quien ejemplificó que al menos en cinco personas se encuentra el mayor número de concesiones del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca.

Si, en la capital del estado y municipios conurbados solo cinco personas manejan el grueso del transporte urbano. Hay concesionarios que tienen hasta 150 unidades, lo cual representa diariamente un ingreso nada despreciable.

Esa es la realidad del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca, por eso lo han llamado el “pulpo camionero”.

Los representantes populares aseguran que no debe estar a discusión la tarifa de este servicio, por el contrario, revisar en que manos se encuentran estas concesiones y sobre todo liberar el servicio del transporte, más aún ante las constantes quejas de los empresarios que esto ha dejado de ser negocio.

Si ha dejado de ser negocio, pues que dejen las concesiones, al final de cuentas, el Gobierno del Estado es dueño de estas concesiones y puede liberar el transporte, más aún en estos momentos cuando la oferta y la demanda debe mejorar y profesionalizar este servicio ante una ciudad inminentemente turística.

En estas estadísticas también se dieron a conocer el pésimo estado de las unidades, pero nadie actúa, ni la Secretaría de Vialidad y Transporte, ni Tránsito del Estado o las autoridades municipales, a pesar del reiterado número de accidentes o el maltrato al usuario, sin embargo, no hay sanciones en contra de los integrantes del “pulpo camionero”.

Por lo pronto, los integrantes de la LXII Legislatura ya empezaron a tocar algunos callos de quienes también se ven beneficiados por este sector.

Aquí lo interesante será la actitud que se asuma ante la propuesta de la derogación del artículo que permite la revisión de las tarifas de manera constante.

Por lo pronto, lo que no está a discusión, a pesar de lo que digan las autoridades, es el inminente aumento a 7 pesos de la tarifa, que no tarda, se dará en las próximas semanas, porque fue un acuerdo del Gobierno del Estado, en esta simulación en la que supuestamente se inició con una agenda para mejorar el servicio.