Policías participaron en las matanzas ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, en agosto de 2010 y marzo de 2011, respectivamente.

La PGR y el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, informaron que integrantes de cuerpos policiacos municipales intevinieron en el asesinato de 100 personas, 72 en el primer caso y 28 en el segundo.

LABORES DE ‘HALCONEO’

En San Fernando, al menos 18 policías de tránsito colaboraron con Los Zetas en la masacre de 72 migrantes en 2010, cuyos cuerpos fueron encontrados en un terreno baldío de ese municipio.

La dependencia federal señaló que los uniformados realizaban labores de halconeo e interceptaban a personas que después eran llevadas al Pentágono, la cárcel municipal de San Fernando, donde “el mero bueno” era “un policía viejito” y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes recibían dinero de los delincuentes por colaborar. Ahí eran entregados a los criminales.

Lo anterior forma parte de la información que la Procuraduría General de la República desclasificó con base a una orden del Instituto de Acceso a la Información.

La información fue solicitada por The National Security Archive (fundada en 1985 por periodistas y académicos) la cual no pertenece al gobierno de Estados Unidos y que se mantiene de las aportaciones que realizan diversas fundaciones.

En un principio, los datos solicitados fueron negados por la PGR; sin embargo, el Archivo de Seguridad Nacional interpuso un recurso y el IFAI falló a su favor.

En la tarjeta informativa de la PGR, donde están cubiertos los números de las averiguaciones previas integradas por este caso, se explica cómo identificaron a los policías.

El 2 de abril de 2011, efectivos del Ejército mexicano detuvieron a Elfego Cruz, Júpiter Almer Cano Guerra y Adela Yudith Ochoa por homicidio, secuestro y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Dicha indagatoria se acumuló a otra averiguación que se abrió por la puesta a disposición de Sergio Córdova Martínez, Julio César Lugo Chaca, José Mauro Oñate Rodríguez, Samuel Moreno Saavedra, Edgar Sosa Solís y Juan Pablo Cabrera Escalante, también detenidos por militares por violación a la ley federal de armas.

Con base en la declaraciones de los inculpados María de los Ángeles Ponce Razó, La Luna; Gerardo de la Cruz Rodríguez; José Manuel Hernández Guerrero, El Chacal; Armando César Morales Uzcanga, El Chícharo; Esvin Leonel Batres Hernández, El Gato; Jairo Emmanuel Cabriales Campos; Juana Flores Mendoza; Adriana Guadalupe Medina Galván y César Coronado Delgado, El ET, se pudo conocer la participación de los policías en sucesos delictivos.

Los detenidos declararon que los policías realizaban labores que van desde el “halconeo, intercepción de personas y omisiones en su deber…citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal.”

El 13 de abril de 2011, la Policía Federal puso a disposición de la PGR a los policías municipales Óscar Jaramillo Sosa, Álvaro Alba Terrazas, Lázaro Flores Peña, Martín García Badillo, Eleodoro Sánchez Robles, Rogelio de la Portilla Herevia, María Guadalupe Galván Hernández y Remigio Carillo Mireles.

Además de Guadalupe Hernández Ibarra, Manuel Ávila Lugo, Elpidio Reyes Sáenz; José Luis Aguilar Vélez, Julio Guadalupe Jaramillo Vela, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldonado Reyes, Gilberto Rivera Hernández y Jesús Ramos López.

El 20 de abril del citado año, el Ejército también entregó al uniformado Joel Reséndiz Moreno.

En declaraciones del policía Álvaro Alba Terrazas, El Junior, el agente del Ministerio Público Federal pudo conocer que el uniformado sabía de la participación de varios de sus compañeros de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de San Fernando en actividades delictivas.

LIBERAN ÓRDENES

Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, detalló que por los hechos ocurridos “se tienen hasta el momento 11 órdenes de aprehensión por 28 homicidios demostrados.

“Algunas de ellas salieron en contra de malos policías de ese acontecimiento”, comentó.
Dijo que se investigan otros hechos que ocurrieron en la entidad, principalmente en el norte, por lo que a principios de 2015 se ejercitarán nuevas órdenes de aprehensión.

Sobre el caso Allende, indicó que para verificar la cantidad de desapariciones se ha hablado con los familiares, que migraron a Estados Unidos o se encuentran en otras partes del estado.

Aseguró que en Allende “ya regresó la tranquilidad”, y detalló que se cuenta con elementos castrenses y policías certificados.

“Hay que castigar aquellos crímenes que son producto de la delincuencia organizada”.
El mandatario comentó que el problema de las desapariciones en Coahuila es un fenómeno que se ha venido dando en la entidad, y de lo que no se había hablado. Dijo que se trabaja con cuatro organizaciones de familiares de personas desaparecidas.