Luego del relevo en la Secretaría de Movilidad que, desde fines de 2022 arrastra una serie de anomalías e irregularidades, mucho trabajo tendrá que desplegar la nueva titular, Yesenia Ramírez Nolasco. Que no se diga que el remedio resultó peor que la enfermedad, sobre todo para meter orden y acabar con las prácticas nocivas en el sistema de transporte concesionado, que ha estado en los titulares de los medios impresos y plataformas digitales.

No cesan los llamados taxis foráneos en ser objeto no sólo de accidentes mortales que han enlutado a decenas de familias, sino de diversos ilícitos, como la participación de sus operadores en asaltos en calles de la capital, mal trato animal o de riñas callejeras. Las denuncias son algo cotidiano. Desde el despotismo con los pasajeros hasta acoso o tocamientos a mujeres; excesos en el cobro o el pésimo estado físico de las unidades.

Es paradójico que en tiempos cuando el transporte público es prioridad en otras entidades, aquí tenemos un hormiguero de pequeñas unidades y moto-taxis que circulan por doquier. Hasta el momento no se ha concretado la definición de un paradero exclusivo, que no sea la vía pública. Menos se ha puesto un alto al otorgamiento indiscriminado de nuevas concesiones, siguiendo la misma tendencia de gobiernos pasados.

Se dice que la exigencia de nuevas placas, tarjeta de circulación, tenencia y verificación ambiental, con su consecuente golpe al bolsillo, permitirá arreglar calles y carreteras. La duda ciudadana es razonable, al menos en lo que observa el día a día. Hay sitios de taxis en la capital oaxaqueña que han impuesto sus propias tarifas. El reclamo de los concesionarios del transporte urbano para incrementar a 10 pesos la tarifa era el alto costo de los insumos para sus unidades. Peros seguimos teniendo la misma chatarra en circulación.

Hay denuncias, quejas y reclamos de los usuarios, pero como ya se ha hecho norma en la Primavera Oaxaqueña, aquí no pasa nada. Es decir, tal parece que la política es dejar hacer, dejar pasar. Es lo que ocurre cuando no existen entre la misma administración pública, protocolos de evaluación y seguimiento, lo que permite que las dependencias se conviertan en sitios de confort de los funcionarios, en cloacas de negocios, corrupción, tráfico de influencias o plataformas político-electorales para el lucimiento de los titulares.

Después de 20 años de haber fracasado, pues desde ese entonces era un vulgar negocio, recién se sacaron de la manga la famosa verificación ambiental. La información al respecto es confusa. Pero se lanzó la amenaza de que se habrán de desplegar elementos de la Policía Vial y demás para acosar a los incumplidos. Sumado todo, es un atentado al bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, en temas fundamentales, como la salud o la seguridad, ahí la consigna gubernamental es lavarse las manos o encogerse de hombros. (JPA)