Oaxaca, Oax.- En América Latina el sistema jurídico se ha empleado como instrumento central de los procesos de eliminación o asimilación coercitiva de los pueblos indígenas; por ello en las últimas décadas han librado una lucha tenaz para cambiar esas estructuras normativas y sean reconocidos sus derechos. Hay avances constitucionales importantes, pero hay obstáculos para llevar la norma a la práctica; persisten lagunas, rezagos, racismo y múltiples problemas.

Cómo acortar esta “brecha de implementación” entre el entramado jurídico e institucional, con la realidad indígena, fue el tema central de un seminario internacional que tuvo como sede Oaxaca, organizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría y Traducción (CEPIADET), el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (CIESAS) y la Fundación Konrad Adenauer.

En el diagnóstico coincidieron en que un avance fundamental es el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, así como diversos instrumentos constitucionales que no existían hace unas décadas: desde el reconocimiento a la libre determinación y la autonomía como en México; hasta la Constitución de un estado plurinacional, la naturaleza como sujeto de derecho y la incorporación de una cosmovisión propia como en Bolivia y Ecuador.

Sin embargo, el ciclo de reformas constitucionales y legales no se ha agotado en tanto no se han tocado las bases esenciales del Estado y también porque un ciclo de reformas estructurales, como en México, que están revirtiendo los avances. Por otra parte, las reformas son selectivas: hay mayor apertura a reconocer derechos culturales, mayores dificultades para los políticos, y prácticamente nugatorio los territoriales.

En muchos casos el reconocimiento sigue quedando en el nivel discursivo, al no establecerse las formas de implementación de esos derechos. Las leyes secundarias limitan derechos, establecen candados para hacerlos inoperantes o revierten los avances constitucionales. Por estas razones esos derechos tienen que ser defendidos en el ámbito jurisdiccional, pero las resoluciones de los tribunales oscilan (según las realidades particulares y la mayor o menor independencia judicial) entre el reconocimiento a los derechos y su negación.

Un problema que permea esa lucha es que no hay separación real de poderes y eso impide el avance legislativo. Además, la corrupción es un problema estructural que disminuye las posibilidades de cambios legislativos. Los partidos políticos los obstaculizan cuando no hay un interés o estímulo económico de por medio.

Hay un racismo de las élites políticas y económicas y un uso instrumental de políticos (legisladores, gobernantes) de la bandera indígena; como ejemplo, legisladores oaxaqueños confirmaron su asistencia, pero salvo la diputada Alejandra García Morlan, ninguno asistió a los trabajos de análisis. Justo cuando presumen atender ¡por fin! una iniciativa constitucional en materia indígena que lleva más de un año en sus manos.

Durante dos días se reunieron expertos como los ecuatorianos Nina Pacari y Diego Iturralde; el diputado guatemalteco Amilcar Pop, personaje clave en la defenestración del presidente de ese país por corrupción; el peruano Javier De la Rosa; la chilena Milka Castro, entre un conjunto de expertos, académicos, intelectuales y dirigentes indígenas y de la sociedad civil de Panamá, Bolivia, México, Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, Puerto Rico y Guatemala.

Lejos de posturas esencialistas o las complacencias que en ocasiones acompañan estos encuentros, hubo una reflexión autocrítica y propositiva de lo ganado y del camino por recorrer.

Destaca la necesidad de construir una agenda que considere todos los aspectos y procesos económicos, políticos y sociales para generar un proyecto político del Estado plurinacional.

Es vital el fortalecimiento de las autonomías –como las elecciones en municipios de Oaxaca— en tanto la cohesión comunitaria se ha visto minada por la corrupción y distintas problemáticas. Cómo enfrentar la diversidad interna desde la pluriculturalidad es un reto a resolver.

Por tanto se requiere revitalizar el movimiento indígena, a partir de una evaluación autocrítica y la búsqueda de nuevas estrategias para la resistencia con el empleo de los nuevos instrumentos constitucionales y con el mantenimiento de la memoria histórica.
Una herramienta fundamental es la defensa judicial de los derechos a partir del litigio estratégico y acudiendo a instancias nacionales e internacionales. Se requieren alianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad y con la academia para lo cual debe emplearse el diálogo intercultural.

Es pertinente dar la lucha por espacios políticos e institucionales, pero también defender los ya conquistados, como la presencia de representantes del movimiento indígena en las estructuras estatales y las instituciones generadas por las políticas del reconocimiento, como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o las secretarías de asuntos indígenas de las entidades federativas.

También es necesario articular al movimiento social con la actuación institucional. Ambos frentes son necesarios y articular o privilegiar una vía u otra dependen de las realidades de cada país y coyunturas específicas.

La reconquista y defensa del territorio, pensado no sólo como un espacio físico con fronteras delimitadas, sino de reconstrucción de la identidad y el ejercicio de derechos, es una tarea urgente e ineludible. Las políticas neoliberales van por la exfoliación de los recursos; los corredores biológicos más importantes, los recursos naturales más codiciados, se encuentran en territorios indígenas, hay que defenderlos. Por eso, además de continuar en la lucha por derechos, se requiere generar propuestas de desarrollo propios, dotar de contenidos defendibles y ejecutables a principios filosóficos como el buen vivir, los planes de vida, la comunidad.

Es por eso necesario dar la lucha desde el terreno epistémico; se requiere la generación y reconceptualización de categorías teóricas.

Un seminario que ha generado propuestas específicas y que sin duda incidirán en el quehacer del movimiento indígena, pero también de las instituciones. Al tiempo.

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