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Oaxaca, Oax.- El conflicto popular-magisterial en Oaxaca del 2006, que hundió el desdibujado proyecto de desarrollo social y dañó severamente la relación de la clase política y los cacicazgos sociales, dejó clara una tesis frente a la pobreza de sus protagonistas: La solución de fondo pasa por una Reforma del Estado.
Los enfrentamientos en las calles como en los salones del poder profundizaron las distancias para alcanzar un acuerdo de pacificación: el magisterio, organizaciones sociales, partidos políticos, clase política y ciudadanos perfilaban agendas distintas y en consecuencia intereses diversos incluso en su interior. De ahí, que Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de ese entonces, creó el Consejo Consultivo para la Reforma del Estado, un organismo a modo que le permitió desbloquear el cerco político del gobierno federal y retomar el control o equilibrar fuerzas con los grupos locales de poder y de presión. Aunque citar a quienes encabezaron en ese entonces a los tres poderes del Estado podría demeritar algunas tesis -Ruiz Ortiz, gobernador; Bulmaro Rito, presidente del Congreso del Estado y Héctor Anuar Mafud, presidente del Tribunal Superior de Justicia- lo cierto es que son saldos pendientes del PRI y del gobierno de la alternancia que nadie ha sido capaz de solventar. Es decir, hace ocho años, durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ruiz Ortiz señaló algunos saldos en contra que el gobierno del cambio y las dos legislaturas locales perdieron en el camino de administrar el poder: |
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