Oaxaca, Oax.- Más que acertado un título que leí sobre las elecciones en Oaxaca. “Impugna que algo queda”.

Vale exigir civilidad a los políticos y sus partidos para que tantas impugnaciones no vayan a llevar a judicializar las elecciones. Es decir, que la decisión se de en las urnas no en los tribunales. Por las intenciones que vemos de unos y otros, todo indica, lamentablemente, que el asunto será judicializado.

Primero, la alianza PRI-PVEM, pidió y logró sanción contra el candidato del PAN-PRD por supuestos excesivos gastos de precampaña. La sanción fue intrascendente y volvieron a exigir al tribunal electoral una multa mayor.

En contraparte, la coalición PRD-PAN hizo lo suyo contra el priista Alejandro Murat quien, dicen en el alegato judicial, no cumple con los requisitos para ser candidato. Que no es nativo de Oaxaca y tampoco tiene cinco años de residencia.

También hay impugnación contra el ex priista-convergente-perredista y hoy petista, Benjamín Robles. Dice la ley que no se puede ser precandidato en un proceso interno por un partido y cuando se pierde convertirse en candidato de otro partido. Esto fue lo que precisamente hizo el ex senador chilango traído de Michoacán.

Pero mientras las campañas de los candidatos a gobernador avanzan, abultados expedientes llegan a los tribunales que, según los expertos, decidirán con base en jurisprudencias ya conocidas. Por ejemplo:

En 1991, en el Estado de Guanajuato, se llevaron a cabo elecciones para elegir al Gobernador de esa entidad, inscribiéndose para ese proceso electoral Ramón Aguirre Velásquez PRI, Vicente Fox Quezada PAN, pero por la coalición PRD y PPS, se intentó registrar el controvertido Porfirio Muñoz Ledo, al que la Comisión Estatal Electoral le negó el “registro”, con el argumento de que éste aspirante no reunía los requisitos a que se refería el artículo 68 de la constitución local de Guanajuato, que dice que podría ser Gobernador quien haya sido originario de ese estado o con residencia no menor de cinco años al día de la elección, y Muñoz Ledo no había nacido en Guanajuato, ni tenía esa residencia ya que toda su vida había vivido en el D.F. pero éste aspirante muy astuto, impugnó esa negativa de registro argumentando el “Derecho de Sangre o ius sanguinis”, de sus padres (oriundos de Guanajuato) para acceder a esa candidatura, curiosamente en esa Constitución (Guanajuato) no existe esta disposición, parecida al art. 23º., de la de Oaxaca, que dispone que son ciudadanos, y podrán votar y ser votados los que hayan nacido, o sean “hijos de padre o madre oaxaqueña” o sea por la filiación biológica de sus padres tienen la ciudadanía oaxaqueña aunque hayan nacido en otro lado.

Al final se le reconoció esta situación por el Tribunal Electoral, y se ordenó su registro, pero si en esa entidad de Guanajuato, le fue “reconocido el “ius sanguinis” a ese candidato (Porfirio Muñoz Ledo) a pesar de que no está regulado en esa Constitución, cuanta mayor razón habrá para que en Oaxaca participen los “hijos de oaxaqueños” en esa contienda electoral para la Gubernatura, si el art. 23, expresamente les reconoce el “ius sanguinis” o “derecho de sangre” para esa candidatura, que no fue impugnado en esa acción de inconstitucionalidad y sigue vigente.