Oaxaca, Oax.- El cinco de noviembre, la prensa nacional dio a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la solicitud de amparo interpuesta por el grupo SMART, filial de México Unido Contra la Delincuencia.

Los quejosos, miembros de SMART, Josefina Ricaño Nava, Armando Santacruz González, Juan Francisco Torres y José Pablo Girault, promovieron ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, una solicitud para que se les permitiera el consumo lúdico de cannabis, así como todos los procesos asociados a ello, menos la comercialización. Al negarles la COFEPRIS el permiso, acudieron a diversas instancias legales hasta llegar a la SCJN, donde finalmente les fue concedido el amparo, con la ponencia presentada por el ministro Arturo Zaldívar incluida en el expediente 237/2014.

La ruta para lograr el resolutivo de la Suprema Corte, fue asesorado por Transform Drug Policy Foundation de Inglaterra con una filial en México. Esta organización tiene un manual que revisa la situación de la legalización de las drogas en el mundo y los diferentes "modelos" existentes. El movimiento por transformar las actuales políticas punitivas contra las drogas, es de alcance mundial y regional en el caso de América Latina; por lo cual, no debería sorprendernos que finalmente se haya logrado este primer paso importante en la regulación consumo de drogas.

Hay que observar que el expresidente Vicente Fox había declarado en 2010, la conveniencia de abandonar las estrategias de guerra contra el narco y sustituirlas por su regulación separando el aspecto de la salud de todos los demás, que fue precisamente lo que hicieron el grupo SMART y sus asesores.

Un ángulo interesante para observar el movimiento regional de transformación de las políticas contra las drogas y el crimen organizado, lo permite la obra de G. Friedman (Los próximos 100 años: pronósticos para el siglo XXI. Ed. Destino, 2010).

En su ensayo Friedman señala el peligro que representará México para los EE.UU dentro de los próximos cien años, debido a una multiplicidad de factores; entre ellos, la presión demográfica que será una especie de invasión pacífica a lo largo de su frontera con México.

Para evitar que el riesgo se convierta en amenaza, Friedman propone atacar los cimientos de la identidad de los mexicanos inmigrantes, reducir la necesidad de mano de obra mexicana mediante la robotización de los sectores de la economía y debilitar sus eventuales fuentes de capitalización a largo plazo, entre ellas, las drogas y las remesas de los migrantes.

La obra de Friedman debe tomarse más como una expresión de los temores de los intelectuales del imperio, que como un ensayo de prospectivas geo-política; pero aún con esta reserva, la obra es útil para leer los acontecimientos nacionales con una visión estratégica. Por cierto, la Fundación Fox, ha dado puntual seguimiento a las reflexiones del autor.

El debate internacional, y ahora lo será nacional, sobre que hacer con el tráfico de drogas, se justifica por el poder económico que tiene el crimen organizado. El capital invertido en la producción y venta de drogas ilegales es un negocio extraordinariamente rentable. El margen de beneficios brutos es del 300%. Su sistema de protección garantiza que el negocio sólo sufre pérdidas si se decomisa el 75% de los cargamentos. Un kilogramo de base de coca cuesta 950 dólares, su precio, ya procesada y puesta en el mercado de los Estados Unidos se estima en 25,000 dólares.
Entre el 3 y el 4% de la población mundial consume algún tipo de droga ilícita y el mercado tiende a crecer.

El poder alcanzado por estos grupos criminales es tal, que en algunos países latinoamericanos controlan el territorio, imponen sus leyes, manejan a la policía y a los políticos, tienen a sus propias fuerzas armadas equipadas con moderna tecnología de guerra y efectivos bien entrenados.

Lo anterior no debe hacernos olvidar el lado legal del mercado de drogas.El consumo de alcohol, tabaco, café, anfetaminas, anabólicos, tranquilizantes, sedantes y otras drogas médicas, son igualmente peligrosas para la salud o para la funcionalidad social si se transgreden los límites establecidos por el sistema.

Siete grandes conglomerados monopolizan el 45% de la producción mundial de tabaco, 43 laboratorios estadounidenses controlan el 60% del mercado local. Esto nos da una ligera idea de cómo se concentra la producción de drogas legales.

Vista las cosas de esta manera, una pregunta interesante además de las que derivan del dilema guerra o legalización de las drogas es: ¿Quién decide qué drogas son ilegales y por qué?

Francisco Gomezjara (q.e.d.), fue quien planteó la necesidad de dar respuesta a esta interrogante, adelantando que los que deciden qué drogas son ilegales son las grandes empresas farmaceúticas, apoyadas por una parte del sistema médico internacional que recibe sus beneficios (Gomezjara et.al. El imperio de la droga. Fontamara, 1992)

Fue también Gomezjara uno de los primeros sociólogos en poner al descubierto la funcionalidad del consumo de drogas en la sociedad capitalista, sus conclusiones pueden resumirse en tres postulados:
• La droga comprende un amplio complejo de substancias bioquímicas introducidas al organismo para reforzar( estimular, hipnotizar, tranquilizar) ciertos estados de ánimo de las personas, que resultan necesarios para que cumplan mediata o inmediatamente determinados roles sociales en relación con su clase, predeterminados por el sistema social.
• La droga es una institución social e histórica variable, de carácter médico, económico, religioso y cultural que el poder maneja aceptando públicamente algunas expresiones de ellas e ilegalizando otras, de acuerdo a sus necesidades.
• La droga es utilizada en determinadas coyunturas como una manifestación instituyente contracultural, asimilada a la larga por el sistema comercial.

Tomar la decisión de legalizar las drogas no es fácil, aun con todos los miles de muertos que dejó la guerra calderonista. Hay muchos intereses que se mueven en torno a la legalización y otros tantos en continuar con una política punitiva, que no necesariamente centran su interés en el bienestar de la población.

Por lo pronto, un debate nacional debería incluir como grandes temas los descritos por Gomezjara y de ellos derivar otros. Sería en verdad muy alentador reflexionar sobre el problema de las drogas con esa orientación.