Primero.- El último capítulo electoral dejó una estela de agravios a la ciudadanía que provocó una baja participación el día de las votaciones.

Segundo.- Reveló la fragilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) que prefirió someterse a los tiempos políticos marcados por el gobierno federal en las fallidas negociaciones con las dirigencias de la Sección 22 del SNTE y de la CNTE.

Tercero.- Comprobó la incapacidad del INE para formular un Plan “B”, a pesar de conocer con cuatro meses de anticipación, el acuerdo del boicot electoral del magisterio, es decir, mucho antes de que se iniciaran las campañas electorales.

Cuarto.- Tampoco los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del INE, ni las mismas dirigencias nacionales, advirtieron sobre los riesgos de confiar a que la Secretaría de Gobernación resolvería oportunamente el pliego petitorio del magisterio disidente, pues su demanda central, la derogación de la reforma educativa, era inatendible e innegociable.

Quinto.- Subrayó que la excesiva centralización de funciones y determinaciones por parte del Consejo General y los problemas de comunicación entre el consejero presidente del Consejo local del INE, Roberto Heycher, y la mayoría de los consejeros locales y distritales. Las decisiones importantes se procesaron en los altos mandos del órgano electoral

Sexto.- El gobierno estatal minimizó los efectos violentos frente al amago y la movilización de los sindicalistas.

Y séptimo.- EL Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF) resolvió en sentido contrario a las irregularidades que anticipaban la anulación de los distritos federales de Teotitlán de Flores Magón y Juchitán de Zaragoza, bajo el argumento de proteger el derecho de los ciudadanos que votaron.

Las proyecciones de los especialistas para el proceso electoral del próximo año no son nada optimistas. Aseguran que si la nueva ley y el nuevo órgano electoral federal presumían que contaba con los instrumentos legales y administrativos para enfrentar situaciones graves, no fue así.

Y advierten:

Oaxaca no cuenta con organismo públicos electorales capaces, eficaces y certeros (Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca o Tribunal Estatal Electoral) para responder a escenarios de crisis electoral. Nada más, nada menos.

Especialista en análisis y estrategia política
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