Oaxaca, Oax.- Si fueran funcionarios públicos honestos no se opondrían a la transparencia gubernamental y menos obstaculizar, o trampear, las leyes contra la corrupción.

AYER preguntaba ¿bueno, y qué hace bien este que conocemos como el congreso de la ignominia?

La cámara de diputados debe responder a otra controversia, ahora por trampear la armonización de la ley estatal de transparencia.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ejercerá la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los corruptos e improductivos diputados de la LXII legislatura oaxaqueña.

Los comisionados del INAI decidieron el procedimiento legal porque lo que aprobaron los legisladores oaxaqueños no armoniza con la ley general que da atribución a los órganos garantes de que cuando el sujeto obligado no pueda dar la información se pueda ofrecer una prórroga solicitándola durante los tres primeros 10 días para ampliar el cumplimiento de la solicitud. Sin embargo, en la ley estatal, la cual fue publicada el 11 de marzo pasado en el Periódico Oficial de Oaxaca, fija un plazo de 40 días para que los sujetos obligados entreguen información pública que no exista en sus archivos. Esto, a decir de los expertos, es “hacerla cansada” para que los solicitantes se aburran y los sujetos obligados evadan su responsabilidad.

El artículo 151 de la Ley General dispone que las resoluciones establecerán plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de 10 días para la entrega de información, excepcionalmente podrán ampliar estos plazos.