Oaxaca, Oax.- Tal parece que nuestra Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca -la UABJO- trajera arrastrando un mal fario. Quienes queremos a nuestra Alma Mater oaxaqueña, percibimos con preocupación su constante y perpetuo deterioro. Es cierto, desde hace mucho abdicó de su vocación formativa. Ha sido más bien, un batidero de intereses políticos, económicos y hasta de grupos delictivos.

Desde hace dos semanas un grupo porril ha mantenido secuestradas las instalaciones de Ciudad Universitaria. Obviamente, con el consecuente bloqueo diario de Avenida Universidad, el Boulevard Eduardo Vasconcelos y el secuestro de autobuses urbanos. Es la respuesta a que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le negó la toma de nota al segmento que lidera quien dirige la toma de las instalaciones universitarias.

Las afectaciones a la comunidad estudiantil; a quienes tienen que hacer trámites, vecinos y automovilistas, son evidentes. Hay una molestia generalizada. Pero los porros responsables ahí siguen sin que nadie los toque o llame a cuentas, lo que hace más que evidente que ahí hay gato encerrado. Y no les hace falta razón a quienes así lo perciben. Funcionarios del gobierno estatal y aún de tribunales autónomos estarían moviendo las aguas.

¿Pero cuál es el trasfondo de todo ello? Es muy simple. Vivimos tiempos políticos. En junio habrá elecciones constitucionales para el cambio en la gubernatura. Pero para mayo, según el Consejo Universitario, máximo órgano de decisión en la UABJO, habrá elecciones de rector. La misma se ha postergado por la contingencia sanitaria. Así que la jauría está desatada. Hoy la UABJO es, pues, como una pila de agua bendita: todos quieren meter la mano.

Estamos de acuerdo en que quienes tengan ambiciones personales o de grupo que hagan lo que les plazca, pero eso de acotar el derecho a la libre circulación y afectar a una sociedad oaxaqueña exhausta y harta de este tipo de acciones, eso es carecer de escrúpulos y actuar con dolo y mala fe. Después de tantos días de agredir a la ciudadanía inerme, urge la acción inmediata del gobierno estatal.

Porque esa omisión ha dejado en los diversos sectores sociales la sospecha, fundada o no, de que habría cierta complicidad para que el grupo porril siga con sus agresiones a la ciudadanía. Es obvio que la estabilidad universitaria es un factor indiscutible de la gobernabilidad, pero las presiones de éste y otros grupos y sindicatos han creado un nivel de crispación social que el Estado no debe permitir. (JPA)